Escribe  Mario Piriz   

Uno de los problemas del día a día de los riverenses, especialmente de la gran mayoría de escasos recursos, usuarios tradicionales de los servicios de salud pública, es la falta de medicamentos. El problema no es sólo nuestro sino de prácticamente toda la población del país.
En contraste, Uruguay gasta en salud, el 10% del PBI, es decir, lo mismo que un país del primer mundo como Noruega. En cambio, se tiene una atención médica de país pobre, similar a experiencias del continente africano.

El Ministerio de Salud Pública dispuso unificar y racionalizar la adquisición de medicamentos, que es uno de los tres componentes básico de la atención de la salud. Los laboratorios, o las sucursales nacionales de las grandes firmas multinacionales han levantado el grito en el cielo.

Basta dar una breve mirada en el mercado internacional de los medicamentos, para entender esas actitudes. Nuevamente las mayores empresas Multinacionales farmacéuticas figuran este año en Fortune Global 500, la lista de las empresas más grandes del mundo. Juntas, las 10 más grandes (Pfizer+Pharmacia, Glaxo Smith Kline, Merck & Co., Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Aventis, Johnson & Johnson, Novartis, Wyeth, Eli Lilly) acaparan un increíble 58,4 por ciento del mercado mundial de productos farmacéuticos, estimado en 322.000 millones de dólares, aumento notable frente al ya temible 47 por ciento del año anterior. Sigue siendo, según Fortune, el sector que tiene más ganancias netas de todos los rubros industriales del planeta: 17 por ciento de promedio, aunque las mayores empresas rondan 30 por ciento.

Varias son también los mayores productoras de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Estas pobrecitas son las que en todo el mundo están haciendo su propia guerra. No contentas con las pingües ganancias y el abrumador control del mercado a través de la venta onerosa de sus productos, también quieren controlarnos mediante los sistemas de patentes, tratando de impedir que se produzcan medicamentos genéricos, es decir, con los mismos componentes activos, pero sin patentes y más accesibles al consumidor. Esa batalla fue la ganada por Brasil bajo la presidencia de Fernando Henriquez Cardozo.

Según su argumentación, ese control es necesario para proseguir con la investigación y desarrollo de medicamentos nuevos para el bien de la humanidad. Sin embargo, la mayoría -más de 90 por ciento- de los medicamentos "nuevos" que producen son apenas copia de los que ya existían, con alguna modificación menor que les permita sacar una nueva patente y prolongar el periodo de monopolio de 20 años que les otorgaba su patente anterior.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los 1.223 medicamentos nuevos producidos en un periodo de 20 años hasta 1996, solamente 13 eran para enfermedades tropicales, y de éstos sólo cuatro fueron producidos por el sector privado. Las multinacionales farmacéuticas son las que promovieron la inclusión, y redactaron el borrador, del capítulo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que impuso el patentamiento de seres vivos en todo el mundo. Las patentes no sólo les sirven para combatir e ilegalizar la producción de medicamentos genéricos; también son el instrumento clave para privatizar los recursos genéticos y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Sur, a partir de los cuales producen un alto porcentaje de sus medicinas y ganancias.

El mayor proyecto de biopiratería en curso en México -llamado ICBG Zonas Aridas- es un contrato trilateral, financiado por el gobierno de Estados Unidos desde hace una década, entre el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Arizona y la empresa Wyeth, la novena más grande del mundo. 

Todas estas empresas forman parte de la asociación PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), que ejerce un pesado cabildeo en gobiernos y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMC, logrando normativas que fortalecen sus derechos monopólicos y sus privilegios.

Este año, en la lista que remiten anualmente al Departamento de Comercio de Estados Unidos para que aplique la ley Special 301 (represalias comerciales), proponen que México esté en la "lista prioritaria de países observados", debido, entre otras cosas, al aumento de aprobaciones de medicamentos genéricos. 

Según PhRMA, a quien para nada le preocupa que al mismo tiempo sus compañías se estén alimentando de los recursos y conocimientos "genéricos" de los pueblos indígenas de México, este país es "el mayor mercado de farmacéuticos de América Latina, con un valor estimado de 6.000 millones de dólares en ventas durante 2002. Es el único mercado de esa región que según estimaciones crecerá en 2003" y, por lo tanto, si se le permite seguir con estas políticas "tendrá un impacto devastador en la industria de investigación farmacéutica". ¿La investigación de copias? ¿O de medicamentos para los ricos? Mientras tanto, la discusión sobre genéricos en México ha sido confundida por la presencia de una cadena particular de farmacias, a la que se le atribuyen contactos políticos de alto nivel y ser un excelente negocio para sus dueños, beneficiados por la legislación sobre genéricos. Nada difícil, ya que muchos de los medicamentos patentados llegan al consumidor con valores enormemente superiores al verdadero costo de producción.

¿Ya no es importante el bien de la humanidad? Se trata, del derecho de las poblaciones de los países del Tercer Mundo, por lo tanto de Uruguay y obviamente de Rivera y de la Frontera de la Paz, a usar y producir las medicinas que necesitan sus poblaciones, sin depender ni someterse a los dictados de las multinacionales, y de parar el saqueo de recursos y conocimientos no aceptando los sistemas de patentes.

El 80% de la población uruguaya padece la crisis del sistema de salud más profunda de su historia, y entre las soluciones para salir del paso, son muchos los sectores que reivindican la restauración de los antiguos laboratorios de Salud Pública, fabricando el arsenal de los 180 farmácos genéricos, "básicos y esenciales" según la Organización Mundial de la Salud, imprescindibles para que el derecho humano a la salud sea válido para todos los orientales, especialmente para los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas.